El concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Logroño, José Luis Prado, dio hoy la "bienvenida" a la nueva Ley del Suelo que acaba de entrar en vigor, porque cree que servirá para construir una ciudad mejor, al aumentar la transparencia y los controles.
Prado recordó que esta ley sustituye al texto normativo de 1998 del Partido Popular que liberalizó el suelo "como mejor medicina" para frenar la escalada de los precios y que, sin embargo, en vez de "resolver el problema, lo único que hizo fue agravarlo".
"Entre 1998 y 2005 el precio del suelo subió un 500 por ciento y el de la vivienda un 150 por ciento", afirmó el edil en la rueda de prensa que ofreció junto al concejal de Desarrollo Urbano, Miguel Gómez Ijalba.
Prado insistió en que con este nuevo texto normativo ha acabado la práctica del "todo urbanizable" y recordó que por primera vez existe una obligación de que el treinta por ciento del suelo se destine a vivienda protegida, "lo que es tremendamente positivo".
"Nosotros vamos a ir más allá y nuestro compromiso es que se destine a vivienda protegida el cincuenta por ciento del suelo. La vivienda no puede ser un lastre para las personas, sino un derecho", dijo.
El concejal Miguel Gómez Ijalba recalcó que el Ayuntamiento no puede obligar por ley a que el cincuenta por ciento de lo que se construye sea vivienda protegida, pero si que puede primar en los concurso de suelo municipal a aquellos promotores que se acerquen a sus intenciones o vayan más allá.
Gómez Ijalba recalcó que la ley es "buena" sobre todo para los municipios pequeños, ya que obligará a revisar los planes municipales cuando se incremente un veinte por ciento la población y recalcó que va a hacer más difícil la descatalogación de los espacios naturales.
"Para ello, a partir de ahora será necesario hacer un estudio previo de gran calado", dijo.
También recordó que los convenios para el uso del suelo y las permutas van a ir al pleno y no como hasta ahora que se quedaban en la Junta de Gobierno, lo que hacía que no trascendiesen al gran público.
Además, dijo, a las administraciones les será más fácil y más barato hacer expropiaciones.
En cuanto a los peligros de la ley, Gómez Ijalba citó la posibilidad de que la Comunidad pueda coartar la autonomía municipal con proyectos supramunicipales o de interés regional, por lo que pidió a la Administración regional que sólo utilice estas figuras cuando sea estrictamente necesarias y se ajusten al sentido emanado de la ley.
- Región
