El jefe del Estado luso, el conservador Aníbal Cavaco Silva, ha decidido promulgar la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 10 semanas pero ha sugerido varias recomendaciones para su aplicación.
El presidente, que podía haber vetado la norma, ha optado por promulgar el proyecto aprobado en el Parlamento después de que el 59,25% de los portugueses apoyara en el referéndum del 11 de febrero pasado la despenalización del aborto, aunque la consulta no fue vinculante al sobrepasar la abstención la mitad del electorado.
Información sin publicidad
Cavaco Silva ha sugerido en un mensaje al Parlamento que la mujer sea informada sobre la posibilidad de entregar al bebé en adopción, que la publicidad sobre el aborto se restrinja y los médicos objetores de conciencia no sean excluidos de las consultas previas y que se cree una red pública de acompañamiento psicológico y social a las mujeres que quieran abortar.
En su mensaje califica el aborto de "mal social a prevenir", como fue reconocido por todas las fuerzas políticas participantes en la campaña del referéndum, y señala que sería anómalo que el legislador no tome providencias para "restringir la publicidad comercial de la oferta de servicios en la interrupción del embarazo".
Sobre el caso concreto de la consulta médica, señala que la mujer debe ser informada acerca del nivel de desarrollo del embrión y de las consecuencias de la interrupción del embarazo para su salud física y psíquica. Además, entiende que el médico pueda preguntar a la mujer sobre las razones que la llevan al aborto y defiende que exista un periodo de reflexión sólo si la mujer tiene acceso a información sobre un acto "cuyas consecuencias serán siempre irreversibles".
Ley anterior
Cavaco Silva apunta también que las clínicas privadas que practiquen abortos deben contar con el adecuado control por parte del Estado, además de considerar razonable que el progenitor masculino esté presente tanto en la consulta como en el posible periodo de reflexión.
La ley hasta ahora en vigor, de 1984, impone penas de hasta tres años a la mujer que se someta a un aborto ilegal y de dos a ocho al médico que lo practique, pero permite el aborto en las primeras 12 semanas en caso de violación o si hay riesgo para la vida o la salud de la madre.
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