Gauthier hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa en la que reprochó la actitud del jefe del Ejecutivo riojano de "confrontación" con el central, y cuyo último episodio, dijo, fue el rechazo del Gobierno riojano a los dos millones de euros del Ministerio de Trabajo para inmigración en La Rioja en 2006.
La consejera de Servicios Sociales, Sagrario Loza, anunció ayer en conferencia de prensa el recurso planteado por el Ejecutivo riojano ante la Audiencia Nacional contra la negativa de la Secretaría de Estado de Inmigración a firmar el protocolo de inmigración de 2006.
Loza puntualizó que en el protocolo de 2006 se establece, de manera "unilateral", por parte del Estado, la obligación de incluir en el Plan de Acción de La Rioja, el programa de acogida para inmigrantes que son trasladados a la Península desde Canarias, a lo que el Gobierno de La Rioja se negó, por entender que son ilegales.
El asesor del delegado del Gobierno dijo que estos argumentos del Gobierno "son excusas" porque en este requisito hay flexibilidad para que las Comunidades Autónomas puedan determinar el número de inmigrantes que acogen y en el convenio de 2005, por el que La Rioja recibió 1,3 millones de euros del Estado, "no se incluía la cláusula de Canarias pero la acogida siempre ha estado presente en él", además de que "hay un plan de traslados que se consensúa".
Dijo también que la Delegación del Gobierno en La Rioja siente "vergüenza" ante el Gobierno central de esta actitud del Ejecutivo riojano, que es "el único que no ha firmado el citado protocolo", situación que, además, "puede desencadenar en futuros problemas de convivencia -por parte de los inmigrantes- que La Rioja no desea".
Gauthier acusó al Gobierno regional de "acreditarse como el más intolerante y racista de España" y lamentó la pérdida de estos dos millones de euros para 2006 por "un acto de chulería de Pedro Sanz".
En relación al recurso planteado por el Gobierno riojano, subrayó que "no es una cuestión jurídica", sino, insistió, "de puro fanatismo político y de confrontación" del Gobierno de La Rioja.
Gauthier recordó que en 2004, último año de Gobierno central del PP, La Rioja recibió 74.000 euros para inmigración, frente a los dos millones, recalcó, que el Gobierno central ofrece este año.
Añadió que hay ONGs de La Rioja que "desean acoger a inmigrantes llegados a Canarias" y calificó de "graves" las "presiones" que reciben del Gobierno de La Rioja para que "no los acojan".
También dijo que "los ayuntamientos serán los perjudicados" de la no recepción de estos fondos del Estado porque el convenio establece que el 50 por ciento del importe tiene que ir destinado a las Corporaciones locales".
Según Gauthier, los ayuntamientos riojanos "no recibieron el pasado año cuantía alguna de la asignación del Estado".
De acuerdo con el citado convenio, el Gobierno central aportó 1,3 millones y la Comunidad Autónoma de La Rioja 1,9, precisó Gauthier.
El asesor del delegado del Gobierno explicó que los ayuntamientos "tienen capacidad para gestionar los programas. El problema de fondo es que el Gobierno intentó camuflar la partida y la destinó a programas que ya existían, como pago a asistentes sociales".
Respecto a los 42,5 millones de euros anunciados por el Gobierno de La Rioja para atender a los inmigrantes en 2006, Gauthier dijo que "no sabemos ni nadie -en referencia al Foro para la Inmigración- de esta partida", ya que "el Gobierno de La Rioja no desarrolla políticas de integración, sino que sólo hace un cálculo de los servicios en función de la población inmigrante".
También calificó de "excusas" que el Gobierno argumente cuestiones de inseguridad jurídica para no aceptar el traslado de menores inmigrantes porque "las Comunidades Autónomas son competentes en la tutela de menores".
Entre otros aspectos, subrayó también Andalucía tiene concedida la declaración de "situación especial" en materia de inmigración por "su situación geográfica de frontera" con Ceuta y Melilla.
Concluyó con un llamamiento a ayuntamientos, ONGs y asociaciones que trabajan con los inmigrantes a unirse para "frenar el miedo y esta escalada de irracionalidad y xenofobia del Gobierno de La Rioja y su presidente".
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