La consejera de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, Sagrario Loza, anunció hoy este recurso y dijo que esta postura del Estado le supone a la Comunidad riojana una pérdida de 2.057.132 euros, cuyo destino era el desarrollo de los programas de inmigración en las áreas de educación, servicios sociales y empleo.
Loza informó de que tiene constancia de que casi todas las comunidades han firmado este protocolo, que es de prórroga del convenio suscrito con el Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales en el 2005, año en el que La Rioja sí recibió la citada cuantía.
Recordó que el 80% ciento de los municipios riojanos tienen menos de mil habitantes y sus Ayuntamientos no pueden hacerse cargo de programas, que asume el Gobierno de La Rioja, características en virtud de las cuales, precisó, se firmó el convenio en el 2005.
Sin embargo, la consejera explicó que el Estado ha cambiado este año de criterio y ha obligado a La Rioja a que sean las Corporaciones Locales las que gestionen los programas.
Además, en el protocolo del 2006 se establece, de manera "unilateral", por parte del Estado, la obligación de incluir en el Plan de Acción de La Rioja, el programa de acogida para aquellos inmigrantes que son trasladados a la Península desde Canarias.
Loza puntualizó que esta obligación es nueva para las Comunidades Autónomas, que no recoge el convenio del 2005, ni en el marco de cooperación y que contraviene lo dispuesto en el convenio, así como las actuaciones y obligaciones que debe asumir el Gobierno riojano.
Esta cláusula de atender inmigrantes de Canarias, precisó Loza, conllevaría a La Rioja a asumir competencias que no le pertenecen porque corresponden al Ministerio del Interior, ya que "hablamos de personas que están en situación ilegal".
Loza también anunció que el Gobierno de La Rioja tampoco acogerá menores inmigrantes llegados a las costas de Canarias porque, desde el punto de vista jurídico, "hay muchas inseguridades".
Loza lamentó la actitud del Ministerio, que haya condicionado el crédito de inmigración a aceptar inmigrantes procedentes de Canarias.
Se trata, dijo, de "una presión sin precedentes para forzar a La Rioja a una situación de acogida de inmigrantes ilegales con la que el Gobierno riojano no está de acuerdo".
Dijo también que su Consejería mantiene catorce convenios con este Ministerio y con ninguno, excepto el citado, "ha habido problema".
Recalcó que el Gobierno de La Rioja luchará por que le venga la financiación que le corresponde, aunque también dijo que el Ejecutivo destinó este año 42,5 millones de euros para atender a la población inmigrante, que "garantizan" los servicios que se prestan.
La consejera aludió también a la falta de reconocimiento, a La Rioja, de "la situación especial" que conlleva un mayor reparto de fondos, cuando la presión migratoria de esta Comunidad supera, dijo, a la de Andalucía, que sí tiene concedido este reconocimiento por parte de la Administración del Estado.
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