Burgos informó, en conferencia de prensa, de que esta medida se regulará en un Decreto, que el Gobierno estima que entre en vigor en enero de 2007.
El consejero precisó que la Administración adjudicará las viviendas entre los inscritos en el registro de demandantes de vivienda y lo hará mediante sorteo público, ante notario y a los precios máximos que tenga la vivienda protegida en la Comunidad.
Con esta nueva disposición normativa, añadió, se amplía el derecho de tanteo a cualquier otra institución que se pueda crear en materia de vivienda, y, entre ellas, el IRVI es "una empresa pública con una gran agilidad para acometer este tipo de actuaciones".
Hasta ahora, precisó, "sólo tenía este derecho la Dirección General de Vivienda para viviendas protegidas de régimen especial".
El consejero dijo también que es objetivo de este Decreto, cuyo borrador se ha sometido a todos los colectivos en materia de vivienda, evitar sobreprecios de venta vivienda protegida y que esta vaya destinada al que lo necesita.
El director general de Vivienda, Luis García del Valle, informó de que la norma afectará a todas las viviendas protegidas calificadas por la Administración ubicadas en La Rioja y con independencia de la fecha de su calificación definitiva.
El Decreto prevé una excepción, que afectará a supuestos de liquidación de sociedades gananciales o rupturas de unidades convivenciales.
El procedimiento dispuesto distingue la potestad de ejercicio de tanteo por parte de la Administración de la posibilidad dispuesta para el ejercicio del derecho del retracto.
Con la aprobación de este decreto, "La Rioja dispondrá de un instrumento más eficaz para evitar el fraude en materia de vivienda protegida", afirmó García del Valle.
El consejero puntualizó que el derecho de tanteo y retracto sólo afecta mientras la vivienda está calificada como vivienda protegida.
En la actualidad, dijo, el régimen especial de protección son diez años y ahora se extiende a todo el período de duración del régimen, que son treinta años de duración en el ejercicio de potestad de la Administración. EFE.
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